Si cada una/o de nosotras/os es responsable del bien común, es nuestro deber intentar salvaguardarlo lo máximo posible. Las personas denunciantes hacen exactamente eso: son las trabajadoras/es que, en el contexto de sus trabajos, presencian posibles actos indebidos y deciden informar sobre ellos. De hecho, las dinámicas sospechosas no son necesariamente síntomas de un delito, pero no obstante representan signos claros de que algo malo está pasando y podría conducir a daños colectivos.

Las personas denunciantes de corrupción no son héroes ni heroínas, ni tienen superpoderes: son personas comunes pero valientes que deciden hacer uso de su poder conferido para conseguir un interés común.Denunciar estas situaciones, en efecto, significa salvaguardar el bien común, puesto que previene crímenes, la injusticia y uso inadecuado del dinero público. Esta elección no siempre es fácil, ya que sus trabajos y seguridad personal suelen estar en riesgo.

Sin embargo, presenciar la falta de transparencia o una mala conducta y no reaccionar no es un acto neutral: al revés, beneficia a aquellas personas que están actuando contra el interés colectivo, puesto que les proporciona una especie de “apoyo silencioso”.

Las personas denunciantes de corrupción no deberían ser abandonadas. Podrían necesitar apoyo en su denuncia, en el manejo de la ansiedad y el miedo, la obtención de asesoramiento legal, previniendo el riesgo de acoso laboral u otras formas de represalia.

Es por ello que, por todo el mundo, hay redes independientes y cívicas, y portales dedicados a proveer información y consejos a personas en dichas situaciones.